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La censura COVID-19. El Ministerio de la Verdad de España. Peor que en época de Franco.

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¿De qué te acusan?

Para decirte la verdad… – sentose embarazosamente en el banco de enfrente a Winston–. Sólo hay un delito, ¿verdad?

¿Y tú lo has cometido?

Por lo visto.

1984, George Orwell

Esta página se creó con el firme propósito de luchar contra la censura y poder mostrar las noticias, información y opiniones que no podrás encontrar en la mayoría de los medios que actualmente ofrecen “información” acerca de la pandemia de COVID-19 o Coronavirus.

Lo que impulsó al nacimiento de Peopleforthetruth.com o Genteporlaverdad.com fue el deseo de luchar contra la sorprendente censura a la que nos vemos últimamente sometidos, una censura que ve su legitimación en las actuaciones de los gobiernos.

En este artículo vamos a explicar cómo funciona la censura en España, poniendo especial foco en lo que ocurre con las informaciones relativas al COVID-19, y analizar cómo la está implantando el gobierno español con su Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional.

Empecemos con esta Orden. No deja de ser curioso que en una Orden que va a facilitar la censura se empiece diciendo “El acceso a información veraz y diversa es uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas, porque se conforma como el instrumento que permite a los ciudadanos formarse una opinión”. Sin embargo, justo a continuación, pone de coartada o justificación la desinformación y la preocupación de los ciudadanos en lo relativo a las Fake News o noticias falsas para publicar esta norma que, como veremos más adelante, supondrá una grave censura y una limitación de un derecho fundamental como la libertad de expresión.

Continúa diciendo que son los ciudadanos los que consideran que deben ser los medios de comunicación, las autoridades públicas y las plataformas de medios sociales los responsables de parar este problema que genera la desinformación. Esto implica que va a ser tanto el gobierno como los medios de comunicación mayoritarios los que se dediquen a juzgar qué es y qué no es información y nos la van a servir según mejor les convenga a ellos.

Para ello se han establecido una serie de medidas cuyo objetivo es triple:

  • Incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos.
  • Fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático.
  • Abordar la desinformación de manera coherente basándose en las acciones sobre la lucha contra la desinformación relacionada con la COVID-19.

Estos objetivos, claro está, siempre según su punto de vista.

Para lograr estas metas, lo primero que se proponen es evaluar de manera continua la información que nos llegará a los ciudadanos a través de los medios digitales y el entorno digital, y hacernos llegar aquella información que ellos consideren veraz, completa y oportuna. Esta tarea recaerá sobre organismos como la Secretaria de Estado de Comunicación, Presidencia del Gobierno, Centro Nacional de Inteligencia y Gabinetes de comunicación de Ministerios, y otros organismos relevantes. Todos ellos controlados por el gobierno.

Este gobierno ya dio el primer paso en su camino hacia el control de la información con el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre. En él, se le permite al Gobierno español intervenir o cerrar cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red. Es decir, cualquier aplicación ligada a la red o cualquier página web.

Cabe recordar que el Gobierno ya podía clausurar sin orden judicial páginas web por razones de seguridad pública, protección civil, emergencias, defensa de la vida humana o interferencia con otras redes. Sin embargo, este decreto, amplia las posibilidades por las que el poder ejecutivo podría intervenir y los motivos para hacerlo. Los nuevos motivos resultan llamativos, y son que amenaza inmediata y grave para el orden público y la seguridad nacional, conceptos tan amplios en los que cualquier intervención estatal podría encontrar cabida. Como en el caso de la Orden vista anteriormente, se usó como excusa la “independencia digital” de Cataluña para la aprobación de este Decreto-ley. Esta ley ya ha sido la usada para “banear” perfiles en redes como Facebook o Twitter que criticaban su gestión durante los meses de abril y mayo.

Finalmente, después de aplicar todas estas medidas lo que quedaría sería una sociedad en la que la verdad es una y única, y además es la elegida por el Estado. Una situación que nos recuerda a la función del Ministerio de la Verdad orweliano. La reflexión que debemos hacer aquí es si realmente estamos dispuestos a callarnos y plegar nuestra voluntad a lo que nos impongan desde ciertos grupos de poder. ¿Es legítimo cerrar páginas web, censurar artículos y clausurar perfiles en redes sociales por dar una versión distinta a la oficial? La respuesta ante esta situación es NO. Simple y claramente NO. Al menos si queremos conservar un sistema democrático rico, donde se respeten la diversidad de opiniones y la divergencia en la forma de pensar.

Más allá de la crisis generada por el COVID-19, que ha servido de excusa para imponer todas estas medidas, estamos cediendo el derecho a mantenernos informados a través de múltiples fuentes y, después de leer varias de ellas, elegir críticamente que opinión formarnos. Si permitimos que el gobierno controle los medios de comunicación y censure aquellos que se alejen del pensamiento oficial, ¿quién se atreverá a destapar un caso de corrupción?, ¿cómo sabremos si los políticos o algún grupo de poder nos están engañando?, y lo más importante, dejaremos de tener un pensamiento crítico y una capacidad de razonamiento que nos permita extraer la verdad ante situaciones complejas. Desde esta página aportamos nuestro granito de arena para alzar la voz ante esta situación, ya que, si no lo hacemos ahora, quizá mañana no podamos.

Alza tú también tu voz. No dejes que te afecte la CENSURA. No superamos como país a un dictador como Franco para dar paso ahora a otros de estilo venezolano. Esto no es la República Bananera de España. Señoras y Señores, seamos serios e igual que en los años de la dictadura franquista, levantemos la voz y presionemos para que se elimine el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre. Las fake news no son las noticias que van en contra de la opinión del gobierno. Serían noticias falsas que alguien se habría inventado. Todo lo que está en nuestra página es real y sin embargo esta nueva dictadura digital lo clasifica como fake news. Un despropósito.

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